Esta fuente explica la elaboración de la Propuesta de Política Pública de Reforma del Sistema de Justicia y cómo es que ha contado con la participación de la sociedad civil lo que significa un arduo trabajo de recojo de información, de reuniones con expertos, foros virtuales y regionales, presentaciones a organizaciones de sociedad civil y la recepción de 208 aportes ciudadanos.

Este documento presenta solo cinco indicadores que están directamente relacionados con la independencia, eficiencia y calidad de la justicia: carga procesal, demora en los procesos, provisionalidad de los jueces, presupuesto y sanciones a los jueces. En todos ellos se han hecho hallazgos reveladores, sin embargo, la información encontrada no es suficiente para ser categóricos en las conclusiones. Precisamente, uno de los obstáculos más serios para cualquier trabajo de este tipo es el déficit de información que existe en el sistema de justicia.

Este documento es una simbiosis que anhela hacer del derecho el instrumento para alcanzar la justicia en un escenario en el que concurren diversas experiencias sociales, a fin de lograr una armónica convivencia; sin embargo, los excesivos formalismos que cobijan a las expresiones jurídicas hacen que la administración de justicia se perciba divorciada de la realidad concreta, del orden social, que se caracteriza por ser una masa caótica de eventualidades.

El autor plantea como necesario hacer una reflexión comprensiva sobre la calidad de justicia. Utilizar los pilares fundamentales del Gobierno Abierto en este espacio, es una promesa próspera para legitimar la democracia activa, más aún cuando observamos que en los países latinoamericanos vienen desgarrándose una incontable avalancha de casos corrupción.

Este trabajo expone y analiza los diferentes indicadores socioeconómicos que originarían una persistente centralización en la capital. Una centralización que genera brechas a nivel de regiones y al interior de ellas, y cómo la pandemia de la COVID-19 las ha acentuado mucho más,

El JRS proporciona liderazgo técnico para utilizar un enfoque centrado en las personas en la reforma de la justicia en los países socios, fortalecer los poderes judiciales independientes y garantizar que los servicios de seguridad funcionen en interés de los individuos, las comunidades y la sociedad.

Este informe analiza la situación de los operadores de justicia en Perú, destacando los desafíos y riesgos que enfrentan en un contexto de crisis democrática e institucional.

Proporciona un panorama del acceso a la justicia en la región iberoamericana, incluyendo datos específicos de Perú sobre las necesidades insatisfechas y los obstáculos en el sistema judicial.

Este artículo ofrece un análisis de la corrupción y otros problemas estructurales dentro del sistema de justicia peruano, y discute posibles reformas.

Un estudio que explora la relación entre el acceso a la justicia y la necesidad de reformas judiciales en Perú, destacando las barreras existentes y proponiendo soluciones.

Este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aborda las barreras específicas que enfrentan las mujeres para acceder a la justicia en casos de violencia, con referencias a la situación en Perú.

Este programa, promovido por el Poder Judicial, busca mejorar el acceso a la justicia para grupos vulnerables como mujeres, niños, personas con discapacidad y poblaciones indígenas. Ofrece servicios gratuitos de orientación legal y acompañamiento judicial.

REFORJUS es un proyecto que busca modernizar y mejorar la eficiencia del sistema de justicia en Perú. Incluye la capacitación de jueces y fiscales, la mejora de infraestructuras judiciales, y la implementación de nuevas tecnologías para agilizar los procesos judiciales.

La Defensoría del Pueblo trabaja en la promoción y protección de los derechos humanos en Perú. Uno de sus enfoques es garantizar que las personas puedan acceder a la justicia de manera equitativa, especialmente aquellos en situación de vulnerabilidad.

CEJA realiza estudios y propone reformas para mejorar los sistemas de justicia en América Latina, incluyendo Perú. Sus investigaciones se centran en la eficiencia del sistema judicial, el acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos.

Esta iniciativa, impulsada por diversas organizaciones de la sociedad civil, busca promover una reforma integral del sistema judicial peruano. Se enfoca en la transparencia, la lucha contra la corrupción y la accesibilidad de los servicios judiciales.